Advierten nueva oleada de ajustes en servicios públicos

Son varios los planteos que desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se concretaran luego de las elecciones en los próximos plenarios de ADPRA- Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina- y paralelamente ante los Ministerios competentes del Gobierno Nacional, en relación a nuevos ajustes que estan previstos en servicios públicos esenciales, como lo es la energía eléctrica, el gas que es un caso más complejo, incluyéndose también en el cuarto trimestre del año otros incrementos en las naftas y el gasoil superiores al 6% aproximadamente lo cual inmediatamente se traslada a los precios o valores de los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria, Medicamentos, vestimenta, transporte, telefonía, fija, móvil, la cual aumentara hasta un 12% entre septiembre y octubre etc.

El Ombudsman Provincial afirmo que hay determinados gastos que posee el Estado Nacional que no deberían ser modificados y especifico como básicos todo lo relativo al sistema previsional, jubilaciones, pensiones, salarios del sector público y es allí donde ya “no hay márgenes para mayores correcciones y ajustes”. Lo mismo sucede en lo que respecta a la reforma del mercado laboral en donde acompañaremos la regularización de los puestos de trabajo, pero se debe tener en cuenta que actualmente existen 6 millones de trabajadores registrados y más de 5 millones en negro y que no se produce hasta ahora la generación de nuevos puestos de trabajo para los sectores más demandantes como es el de la franja de los jóvenes.

Así las cosas, siempre pediremos a favor de los usuarios, consumidores y vecinos medidas que se apliquen gradualmente teniendo en cuenta las diferentes realidades sociales, económicas y políticas de cada región del país y nos opondremos administrativa y legalmente a todas aquellas medidas económicas que se implementen en base a lo que asesoran determinados sectores económicos de gran poder en el país, “para la adopción de acciones y medidas de shock”, pues ya está demostrado que la justicia viene poniendo limites a incrementos desmedidos y que se vuelven impagables para los usuarios y consumidores; o implementar en materia previsional los aumentos de la edad jubilatoria, lo que también atenta contra los que buscan nuevos puestos de trabajo, proseguir con la eliminación o disminución de subsidios, en una economía donde son cada vez mayores los números de ciudadanos que ingresan en el sector de los denominados “indigentes” y paralelamente el “achicamiento progresivo y permanente de la denominada clase media” que no puede con sus ingresos enfrentar irracionales incrementos por más que entendamos Institucionalmente que el Estado Nacional necesita cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y con determinadas pautas para reducir el gasto público, “pero todo esto no se podrá hacer tomando como variables de ajustes a los docentes, empleados públicos, fuerzas de seguridad, jubilados, pensionados y todos los sectores que poseen una actividad informal, pues se violentaran agresivamente Derechos Económicos y Sociales que tienen naturaleza de Derechos Humanos Esenciales que el Estado Nacional posee la obligación de amparar, sin utilizar recortes que afecten a los sectores antes nombrados, a costa de cumplir determinadas metas fiscales”.

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